El bufete le asiste en la constitución de su empresa y en la gestión de sus operaciones cotidianas y excepcionales, velando por la protección de sus intereses y por que las decisiones que tome se ajusten a sus planes de desarrollo. También actuamos en caso de litigio entre socios, favoreciendo una solución amistosa cuando ello redunde en beneficio del cliente.
Según la legislación francesa, las empresas en crisis están sujetas a un marco jurídico específico destinado a prevenir, gestionar o resolver sus dificultades financieras y económicas, preservando al mismo tiempo su actividad, sus puestos de trabajo y los derechos de sus acreedores.
Existen varios procedimientos, en función de la gravedad de la situación: mandato ad hoc y conciliación (procedimientos amistosos), o salvaguardia, saneamiento y liquidación judicial (procedimientos colectivos).
Los mandatos ad hoc y la conciliación permiten negociar con los acreedores bajo la égida de un tercero para reestructurar las deudas y encontrar soluciones duraderas.
El objetivo de la administración judicial es salvaguardar la empresa reorganizando sus deudas, mientras que la liquidación se produce cuando el cese de la actividad es inevitable.
Estos procedimientos imponen normas estrictas, como la prohibición de que la empresa salde ciertas deudas antes que otras (principio de igualdad de los acreedores), o la colocación de activos bajo supervisión judicial.
Un abogado es esencial para guiar a la empresa en cada etapa. Desempeñan un papel clave en el análisis de la situación financiera, la elección del procedimiento más adecuado y la defensa de los intereses de los directivos de la empresa frente a acreedores y posibles reclamaciones de responsabilidad. Los abogados también ayudan a negociar los acuerdos de reestructuración y garantizan el cumplimiento de las formalidades legales. Gracias a su experiencia, contribuyen a maximizar las posibilidades de recuperación y a minimizar los riesgos personales de los directivos.
Los litigios entre accionistas o con inversores, como los suscriptores de warrants sobre acciones (BSA), son frecuentes en la vida de una empresa. Estas disputas pueden referirse a desacuerdos sobre la gestión de la empresa, el cumplimiento de los acuerdos de los accionistas, los derechos de voto en las juntas generales, la dilución del capital o el ejercicio y las condiciones de instrumentos financieros como los warrants.
El derecho de sociedades francés ofrece mecanismos jurídicos y procesales eficaces para resolver ciertas dificultades, en particular mediante procedimientos sumarios, que permiten obtener medidas provisionales rápidas, como el nombramiento de un representante ad hoc o la suspensión de las decisiones impugnadas en una junta general. Estos mecanismos son especialmente útiles en caso de urgencia o de bloqueo que afecte gravemente a la gobernanza o a la actividad de la empresa. Sin embargo, para limitar los costes de los litigios y evitar el bloqueo a largo plazo, la herramienta más estratégica sigue siendo el acuerdo de accionistas. Este documento contractual, independiente de los estatutos, proporciona un marco detallado para las relaciones entre accionistas o inversores, estableciendo normas específicas adaptadas a las necesidades de la empresa: cláusulas de tanteo, cláusulas de aprobación, cláusulas de arrastre y cláusulas de gestión de conflictos. Bien redactado, el pacto de accionistas es una auténtica salvaguardia, que reduce considerablemente el riesgo de litigios al aportar soluciones tempranas a las posibles diferencias.
En la legislación francesa existen varios tipos de sociedades, cada uno con sus características específicas. Entre las más comunes están la SARL (société à responsabilité limitée), para pequeñas empresas familiares, la SAS (société par actions simplifiée) por su flexibilidad organizativa, y la SA (société anonyme), para proyectos a gran escala que requieren una financiación sustancial (o la apertura a la financiación pública).
Existen otras formas de empresa más específicas, como la SNC (société en nom collectif), la SCS (société en commandite simple) y la SCA (société en commandite par actions), o formas más adaptadas a la creación de empresas, como la EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) o el estatuto de microempresario.
Estas opciones dependen de una serie de criterios: el nivel de responsabilidad de los socios, el importe del capital social, el régimen fiscal (impuesto de sociedades o impuesto sobre la renta) y las perspectivas de desarrollo, como la entrada de nuevos inversores. Por ejemplo, la SAS suele preferirse por su flexibilidad a la hora de redactar los estatutos y su capacidad para atraer inversores mediante la emisión de acciones. La SARL, en cambio, está más regulada jurídicamente, pero puede ofrecer mayor protección a las pequeñas empresas.
Un abogado es esencial para optimizar esta fase crucial. Ayudará a los fundadores a elegir la forma jurídica más adecuada, redactará los estatutos y realizará los trámites administrativos (registro, depósito de capital, etc.). El abogado también puede anticiparse a los riesgos insertando cláusulas específicas en los estatutos (exclusión de socios, aprobación, etc.) o redactando un contrato de sociedad para estructurar las relaciones entre los socios.
La gestión de una empresa implica dos tipos de transacciones: las rutinarias, que forman parte de la gestión diaria, y las excepcionales, que tienen un impacto importante en la estructura o el futuro de la empresa.
Las operaciones rutinarias se refieren a las actividades habituales y regulares necesarias para el funcionamiento de la empresa, como la aprobación de las cuentas anuales y la celebración de juntas generales ordinarias. Estas actuaciones requieren cierto rigor jurídico para cumplir las obligaciones legales y evitar litigios posteriores, ya que las irregularidades pueden acarrear la nulidad.
Las operaciones excepcionales incluyen ampliaciones o reducciones de capital, fusiones, ventas de acciones o unidades corporativas o reestructuraciones internas. Estas operaciones suelen implicar largos procedimientos, auditorías legales y decisiones estratégicas que requieren un estricto cumplimiento de las normas del Código de Comercio francés y, en algunos casos, autorizaciones específicas. Cualquier error u omisión puede exponer a la empresa a riesgos financieros, fiscales o jurídicos.
Un acuerdo de accionistas es un contrato esencial que rige las relaciones entre los accionistas o socios de una empresa. Aunque no es vinculante, permite establecer normas específicas para completar o aclarar los estatutos, a menudo en función de las necesidades estratégicas de las partes. Este documento no público es especialmente útil para evitar conflictos y garantizar la gestión a largo plazo de la empresa.
El acuerdo puede contener cláusulas de tanteo (dando prioridad a los demás accionistas en caso de venta de acciones), cláusulas de aprobación (controlando la llegada de nuevos accionistas), cláusulas de salida conjunta (drag-along), o cláusulas relativas a la resolución de conflictos o a la gestión diaria de la empresa (por ejemplo, el reparto de dividendos).
El abogado ayuda a definir las necesidades específicas de las partes y a adaptar las cláusulas en función de los objetivos de cada socio (protección de los accionistas minoritarios, control de las decisiones estratégicas, etc.). Se asegura de que las cláusulas sean legales, equilibradas y conformes a las normas aplicables. En caso de litigio, un acuerdo de asociación bien redactado puede evitar procedimientos judiciales al proporcionar un marco y unas directrices claras para resolver las diferencias.